El control de precios es un mecanismo por el cual la autoridad gubernamental impone valores determinados para los precios de bienes y servicios dentro del mercado nacional, con la ilusoria finalidad de mantener la disponibilidad de esos bienes y servicios para los consumidores, evitar incrementos de precio durante periodos de escasez, o inclusive para asegurar una renta en beneficio de los productores de ciertos bienes, de la misma manera que un subsidio. Otra forma de ejecutar un control de precios consiste en la fijación de precios máximos o precios mínimos.

Para algunos profesionales de las Ciencias Económicas y Sociales, implementar mecanismos de control en una economía puede ser justificado si estos son de manera temporal, principalmente cuando se trata de enfrentar una crisis especifica que pueda tener un impacto en el desempeño de los sectores productivos y de la población en general. Pero en lo que todos coinciden es que su aplicación durante un largo período, como ha sido el caso venezolano, es contraproducente para el desarrollo económico. El agudo desabastecimiento así lo demuestra.

Al mantener los precios artificialmente bajos, la demanda se incrementa hasta un punto en el cual la oferta no puede satisfacerla, dando lugar a escasez de los productos cuyo precio se controla. La escasez da lugar al desarrollo del mercado ilícito donde los precios por el mismo bien exceden aquellos de un mercado no regulado. A la hora de suprimirse los controles, los precios inmediatamente se desatan aumentando considerable el valor de los bienes y servicios que tuvieron sometidos a los controles, lo que causa un choque temporario en el sistema económico, y el impacto sobre la población depende del tiempo y la magnitud de sus precios artificiales con respecto a los precios reales, que estuvo sometido aquellos bienes regulados.

Las políticas del Gobierno basadas en controles de variada naturaleza, represión económica y vulneración de los principios constitucionales de libertad económica y derecho de propiedad han generado graves distorsiones en los patrones de producción y consumo. Como se ha podido observar, la inflación ha tomado fuerza aún con la vigencia de controles de cambio y de precios. El desequilibrio de los mercados y la expansiva de la política monetaria del Banco Central contribuyen a crear intensas presiones sobre los precios de los bienes, especialmente los de primera necesidad.

Se ha visto que grandes y medianas empresas productoras, así como las comercializadoras, limitan las ventas de ciertos productos a que están sometidos a controles, afectando siempre a productos de altas demandas, como alimentos y bebidas, productos de higiene, vestidos, etc. Estos problemas hacen que esos productos sean desviados para ser revendidos al mercado informal, con precios muy por encima de lo fijado o al precio real.

Mantener precios regulados por debajo del valor de mercado de los productos, junto a un control de cambio que deriva en una diferencia notable entre el cambio oficial y el cambio paralelo, genera un perverso incentivo financiero difícil de evitar: adquirir los productos y revenderlos a un precio mayor en bolívares o venderlos en el extranjero.

Al mantener un esquema rígido de control de precios se desestimula la importación o producción del producto, disminuyendo la oferta y aumentando la demanda de los productos regulados, entonces los detallistas en Venezuela no tienen suficientes productos para responder a los requerimientos de los consumidores. En consecuencia la única forma para mantener estabilidad en los precios es expandir significativamente la oferta agregada de bienes y servicios.

Al limitar la venta de productos elevará los costos para su adquisición por el revendedor, el cual tendrá que contratar más gente para mantener su inventario. Eso significa más colas de consumidores y mayor precio en el mercado informal. Hasta que las causas no sean corregidas, el problema no sólo se mantendrá, sino que se agudizará: el Estado limitará la compra de productos, los detallistas se auto-regularán para limitar la venta de productos, se crearán nuevos controles para controlar los controles ya existentes, y así sucesivamente se retroalimente la espiral perversa de escasez y desinversión. Y mientras tanto, los productos seguirán siendo ofrecidos en el mercado informal o serán extraídos a los países vecinos, a costa de un mercado formal menguante.

Adicionalmente, la aplicación de un control de precios se hace principalmente con los productos de consumo final, obviándose regular los costos que se incurre para producir dichos bienes: el factor trabajo, materias primas, maquinarias, gastos indirectos y demás componentes. Al presionar los costos por los aumentos sucesivos sobre los precios congelados llegan aceleradamente las inevitables pérdidas que impulsan la desinversión. Este retardatario esquema propio del siglo XIX demanda revisar periódicamente la estructura de costos y mantener actualizados los criterios con los cuales se fijan los precios para no comprometer la alicaída producción. Sería conveniente estudiar cómo casi todos países de nuestra región han superado exitosamente las nefastas consecuencias de los controles de precios y cuentan en la actualidad con pleno abastecimiento.

Para el buen desarrollo económico es necesario las libertades y plenas movilidades de factores que generen la confianza de los agentes económicos en abastecer los mercados y competir en buena lid con un marco normativo estable y pasar de un control punitivo del Estado a uno facilitador para todos los actores que impacte positivamente la confianza de los inversionistas y restituya el poder compra de los consumidores.

La aplicación indiscriminada de controles de precios como política antiinflacionaria, no solo constituye una supina ignorancia de los factores que la producen, sino introducen más distorsiones a la economía nacional.