Uno de los serios desafíos de los países de Iberoamérica es la adecuada gestión de los recursos hídricos a fin de lograr una seguridad hídrica.

Uno de los serios desafíos de los países de Iberoamérica es la adecuada gestión de los recursos hídricos a fin de lograr una seguridad hídrica que garantice el acceso al agua potable a la población y para las actividades productivas que emplean este recurso como insumo, ya sea la agricultura, industria y la minería sustentable.

Los niveles de cobertura alcanzados en la región, respecto al acceso a los servicios y la calidad de los mismos, pueden considerarse razonables en algunas zonas, con la posible excepción del tratamiento de aguas servidas. Aún así, persisten todavía serias deficiencias en el acceso a los servicios, las cuales afectan severamente a los grupos de bajos ingresos y las áreas rurales y los cordones marginales de las capitales. La insuficiente cobertura y la mala calidad de los servicios de distribución del vital líquido causan efectos negativos a la salud de la población, al medio ambiente.

A pesar de las diferencias que cabe esperar en una región que alberga países muy distintos, las reformas efectuadas por nuestros países en los años recientes tienen muchas características comunes, como la separación institucional entre las funciones de definición de políticas sectoriales, de regulación económica y de administración de los sistemas; los procesos de descentralización en la prestación de los servicios; la promoción de la empresa privada; la promulgación de nuevos marcos regulatorios; y la ineluctable sostenibilidad financiera pues estos servicios deben tender a autofinanciarse, considerando la solidaridad a través sistema de subsidio para grupos de bajos ingresos como lo presuponen muchas ciudad estratificando los sectores y las tarifas según poder adquisitivo.

El modelo actual de gestión de los servicios de agua potable y servida en la región ha provocado un servicio muchas veces de mala calidad con bajos niveles de cobertura y despilfarro de agua. Además, la interrelación entre las características típicas de los modelos de provisión de los servicios a través de entidades públicas y las restricciones presupuestarias de dicho sector han atrapado a la mayoría de los mismos en un círculo vicioso de ineficiencia creciente del que es difícil salir sin una ruptura de los modelos de dependencia de los dineros públicos. La incorporación del sector privado permite abordar simultáneamente varios frentes: la insuficiencia de las tarifas, la ineficaz de la gestión interna, las vetustas prácticas comerciales y la confusión entre los ámbitos políticos y de gestión empresarial. Su participación permite aumentar la capacidad financiera de los servicios mediante los incrementos de los flujos de caja y de las disponibilidades de financiación externa.

Una política de tarifas por debajo del costo imposibilita los procesos de participación privada puesto que algunos sectores de la población asocian la incorporación del sector privado con subidas de tarifas injustificadas. Deben ajustarse las tarifas de forma gradual previa a la incorporación del sector privado teniendo presente la capacidad y disponibilidad de pago de los usuarios en la determinación calidad-precio.

Actualmente, la ausencia de marcos reguladores y entidades de superintendencia débiles son el principal obstáculo para la participación privada en los servicios tanto de agua potable como de aguas residuales o servidas. Se requiere de la correcta definición legal que establezca la normativa de la industria, que delimiten las funciones de la administración pública, y hagan las decisiones de las autoridades menos arbitrarias y consecuentes con el beneficio común. En los contratos de incorporación del sector privado deben incluir cláusulas que refuercen la regulación y el aseguramiento de los derechos de los usuarios del servicio: fórmulas claras de revisión y actualización del tarifario, procedimientos expeditos para dirimir controversias como los arbitrajes.

Se deben hacer esfuerzos para ampliar el número de empresas interesadas en participar en esta actividad implementando esquemas de financiación y transferencia tecnológica con ventajas fiscales y exenciones arancelarias.

El cambio de paradigma social y política es un factor decisivo para incorporar con éxito al sector privado en esta actividad. La tarifa sincerada y ajustada a los costos reales es un argumento que puede tener determinados grupos de presión en la negativa de la participación de empresas privadas en el manejo de los servicios de agua potable y servida. Se puede contrarrestar esa óptica con una gestión auditable, transparente y accesible a todos los ciudadanos.

Los problemas que trae la conformación del monopolio estatal y la limitación de la competencia en el mercado se pueden reducir a través de esquemas apropiados de regulación y participación privada. Un intento de tratar de resolver todos los problemas de eficiencia a través de la regulación y la intervención de las autoridades públicas generaría mayores costos y menor eficiencia. El objetivo de la incorporación del sector privado es mejorar los servicios de agua potable y servida en términos de cobertura, calidad y a la postre eficiencia administrativa.

La provisión de los servicios de agua potable debe relacionarse al desarrollo de cada uno de los países, por lo que la toma de decisiones, el planteamiento de políticas y las inversiones, no solo corresponden al ente encargado de administrar y gestionar el recurso hídrico y a los servicios de agua potable y saneamiento, sino que deben contarse como un compromiso del más alto nivel político interministerial, así como al poder legislativo, los gobiernos locales y una participación efectiva de los sectores productivos y de la sociedad civil.

Desde los tiempos de las sagradas escrituras se tiene consciencia que el agua es fuente de vida, no solo para la generación presente sino para las futuras que demandan de antemano una gestión responsable de toda la cadena hídrica.

Moisés Bittan
@moisesbittan
Director de Finantop