Publicado por El Nacional– Domingo, 09 de Octubre del 2011

En los últimos 10 meses el Gobierno se ha visto forzado a elevar entre 24% y 44% los precios de por lo menos 12 alimentos procesados sometidos a regulación, a los que se suman los rubros agrícolas y pecuarios como maíz, arroz paddy, sorgo, ganado vivo, leche cruda y girasol, entre otros.

El incremento de la materia prima internacional, el aumento de sueldos, la inflación interna, la devaluación del tipo de cambio, y otros factores, han incidido para que los precios de productos básicos repuntaran por encima del índice nacional de precios al consumidor.

El Banco Central de Venezuela señala que los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 31,2% en 12 meses y acumulan una inflación de 24,60% entre enero y septiembre. Mientras que los precios en general registran un incremento anualizado de 24,6% y de 20,50% en 9 meses.

El instituto emisor detalla que los productos sometidos a control, entre los que también se cuentan artículos de cuidado personal, medicamentos y materiales de construcción, muestran una inflación de 26,9% en un año y de 21,9% de enero a septiembre.

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Pablo Baraybar, considera que el modelo de control de precios aplicado desde hace ocho años, está agotado. Añade que esta política ha generado problemas en las empresas para producir porque no tienen una rentabilidad justa que les garantice la continuidad de sus operaciones.

El control se ha prolongado en el tiempo ­no ha habido un ajuste periódico de precios- lo que ha provocado que las empresas trabajen a pérdida. En el momento en que se aumentan los precios, los costos los superan y sigue el rezago, sostiene el empresario.

Un caso particular es el del aceite. En abril, el Gobierno autorizó un primer aumento de precios para el de maíz y el de girasol. El litro de aceite de maíz pasó de 5,74 bolívares a 7,80 bolívares, 35,8%. Este producto no variaba de precio desde junio de 2009, cuando no recibió un aumento sino una rebaja de 15%.

El incremento aprobado en abril pasado no fue suficiente para compensar las pérdidas que traía desde hace 22 meses.

Además, el precio internacional del aceite crudo se elevó por encima de 1.790 dólares la tonelada que, sumado a los costos de flete y nacionalización, hicieron que fuera imposible procesarlo.

Según Datanálisis, en septiembre el aceite faltó en 52,1% de los comercios. La situación obligó al Ejecutivo a aprobar otro incremento, esta vez de 37,05%. El litro pasó a costar 10,69 bolívares desde el martes; pero la industria procesadora afirma que aún no cubre los costos. El precio debería estar en 13,37 bolívares.

Con los dos incrementos de este año el precio ha subido 83,26%. Sin embargo, el rezago ha sido tan alto que las empresas siguen teniendo inconvenientes para procesar.

«Tenemos una inflación represada, hay un fuerte rezago en los precios de la mayoría de los productos regulados, pero los insumos para elaborar esos bienes y servicios han experimentado alzas sustanciales», dice Moisés Bittán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de Fedecámaras.

Añade que los alimentos controlados que subieron en los últimos meses, tuvieron durante mucho tiempo precios congelados, por lo que los porcentajes de aumentos aunque lucen altos, continúan siendo insuficientes para cubrir los costos.

«Si en lugar de represarlos se permitiera aumentos constantes de los alimentos, se afectaría menos a los consumidores y ayudaría a las empresas a mejorar la oferta de bienes y, por ende, se reduciría la escasez y se erradicaría la especulación», expresa Bittán.

Una solución. La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos ha planteado que el Gobierno asuma los costos de las materias primas importadas, que han subido de precio. «Si ellos compran y le venden a las empresas a un precio que permita cubrir los costos se puede recuperar la producción. Estamos hablando de subsidiar la materia prima», propone Pablo Baraybar.

Agrega que a la par de esta propuesta, las industrias podrían ser más productivas y los costos de producción incidirían menos en los precios.

«En primer lugar, se trataría de un acuerdo nacional para incrementar anualmente la producción de alimentos entre 5% y 10%. En segundo término, sería un convenio para que los costos de producción suban por debajo de la inflación en un porcentaje equivalente. Por ejemplo, los servicios públicos deberán aumentar entre 5% y 10% menos que la inflación. Asimismo, el Gobierno sería el que provea de financiamiento y disminuya los impuestos proporcionalmente a la reducción de costos», señala.

Lo que se busca es que cada año las alzas de precios estén por debajo de la inflación entre 5% y 10%, es decir, entre 90% y 95% de la inflación real anual, reitera.