El Mundo

Por Moisés Bittán

La calidad de la administración de justicia es un factor determinante de todo sistema democrático y al propio tiempo tiene un impacto decisivo en la actividad económica. La independencia judicial es una característica esencial de los sistemas de administración de justicia: el acceso a una justicia eficiente, independiente y confiable es un derecho fundamental.  Según los expertos, existen varias formas de consolidar el sistema judicial: la forma como se designan los jueces y los mecanismos de transparencia y control eficaz de la administración de justicia son las más relevantes. Sin embargo, al analizar particularmente su relación con el desarrollo económico, la competitividad, la distribución del ingreso y la independencia judicial son variables que se toman una connotación altamente relevante.

En una economía global cada vez más interdependiente, los países y las regiones requieren de instituciones consolidadas, y su fortaleza debe basarse en el equilibrio: éstas no deben ser inestables ni extremadamente formalistas puesto que la inestabilidad provoca falta de acatamiento de las decisiones adoptadas por éstas y hace que se genere desconfianza en los actores y el formalismo extremo genera barreras al funcionamiento eficiente de las instituciones y deformación de las relaciones sociales que éstas demarcan con su accionar; llevando esto a una masiva deserción de los agentes sociales a aplicar las reglas de juego como medio idóneo para la solución de sus necesidades y generando esquemas para la resolución de sus conflictos inconvenientes y hasta algo distanciados de los esquemas jurídicos convencionales , lo que desencadenaría en un aumento de los costos de transacción y en la desconfianza en algunos de los integrantes de la sociedad lo cual haría que se debilite su orden social.

La realidad del sistema de justicia que se refleja en la actualidad es que, mediante las sentencias de sus cuerpos, no sólo interpreta el contenido de una norma, sino que se emiten juicios que cambian el espíritu de la misma. Legislan en medio de procesos judiciales y cambian consecuentemente los criterios de la jurisprudencia emitida en tiempos recientes, lo cual genera incertidumbre en los agentes económicos. Tales situaciones no sólo se han dado en temas de derechos políticos o civiles, sino también con lo relativo al sistema político-económico y sobre el carácter social del derecho de propiedad, haciendo interpretaciones de normas constitucionales que no siempre se compadecen con el espíritu de la Carta Magnas, en especial en algunos países latinoamericanos que han visto una alta interferencia de las corrientes políticas en la administración de justicia,  esto obra claramente en contra del establecimiento de reglas de juego claras para quienes ejercen la actividad económica.

El establecimiento de normas claras para los ciudadanos es un elemento fundamental para la promoción de la actividad económica por parte de los diversos sectores de la sociedad, constituyéndose a la vez como fuentes de empleo y producción de bienes y servicios que contribuyen a generar mejores condiciones de vida para todos. Los sistemas económicos siempre deben acatar las reglas preestablecidas como unos de sus elementos esenciales para cumplir con su cometido y eso solo se alcanza con normas estables debidamente acordadas entre las partes involucradas.

Debe concebirse la existencia de un Estado con instituciones confiables y que sea el primero en cumplir con la ley, lo que básicamente implica hablar del respeto al Estado de Derecho, tarea que recae principalmente sobre el poder judicial como garante de la justicia; con un marco legal suficiente que permita engranar el desarrollo de las normas que establecen el sistema económico con el diseño de instituciones y políticas públicas que promuevan prácticas económicas basadas en lo competitivo de un sano mercado con respeto a las necesidades sociales. Asimismo, el sistema de justicia debe tratarse de un ente verdaderamente independiente y no de un apéndice de cualquier otro de los poderes públicos. El bastión fundamental del poder judicial debe ser la imparcialidad, y eso implica controlar y vigilar al resto de los poderes que conforman la estructura de la República como andamiaje institucional del Estado.

En muchos de nuestros países se escuchan permanentemente que reforma del sistema de justicia requiere la debida formación del juez para que en su actividad jurisdiccional sea imparcial y que en su ámbito interpretativo se convierta en un garante del respeto de la Constitución y las leyes ajeno a intereses oscuros de diversa índole. Esto es menester para que la sociedad tenga la certeza de la imparcial administración de justicia sobretodo todo en el campo económico, donde  se tiende a confundir la innovación con la improvisación y mucho menos se pueden modificar bruscamente esquemas en el ámbito legal que perjudican la inversión,  la iniciativa empresarial creando inseguridad jurídica:  Tal como lo hemos visto con el caso de empresas reciente nacionalizadas, las relaciones entre los propietarios expropiados es  asimétrica con su contraparte oficial demandada.

La agrupación de los ciudadanos en torno a 0rganizaciones no gubernamentales (ONG), gremios, sindicatos, asociaciones de vecinos y demás entes que propugnen por los medios de comunicación y las redes sociales por una mejor y más transparente administración de justicia y repudio de las impericias de algunos funcionarios es parte de la genuina contraloría cívica que todos estamos llamados hacer.

La relación entre la administración de justicia y la economía es clave para el progreso: la protección de los derechos de propiedad privada y la eficacia de las instituciones judiciales de un país desempeñan un papel decisivo en su proceso de desarrollo porque conforman el entorno dentro del cual se desempeña los giros económicos de sus ciudadanos y las instituciones a su servicio.