Hay fallas en materia de políticas públicas y en la debida administración de justicia.

La hipótesis de expectativas racionales afirma que los agentes económicos forman racionalmente sus expectativas sobre el futuro, utilizando de forma eficiente toda la información sobre el estado pasado y presente de la economía y otros factores, lo que supone, incluso, anticipar correctamente cuáles serán las medidas que aplicarán las autoridades ante la aparición de una perturbación económica.

Las expectativas se forman por parte de algunos agentes económicos, principalmente los especializados en proyecciones, los observadores profesionales de la coyuntura y los empresarios y sus consultores orientan sus conductas ajustándolas a las previsiones macroeconómicas o a las que se circunscriben a una determinada industria. Según la influencia de estos actores en el ámbito económico y sus relaciones con otras instituciones, las expectativas que se hacen explícitas pueden difundirse y afectar la formación de otras expectativas y, por ende, la toma de decisiones. Mientras más fluido sea el clima económico, más rápidamente se difunden las expectativas con la posibilidad de que las mismas sufran modificaciones. Indudablemente las decisiones sobre política económica tienen un gran peso en la formación de expectativas racionales en los países de nuestra región.

La seguridad jurídica desempeña un papel importante y supone la expectativa racional en el caso de una determinada decisión. Esto no restringe o inhabilita a los órganos jurisdiccionales al cambio tempestivo del criterio jurisprudencial basado necesariamente en criterios razonables, proporcionales y motivados que expliquen los fundamentos jurídicos y fácticos que inciden en la decisión, siempre y cuando no se desvirtúe de las normas legales que rige el estado de derecho y no influyan otras fuerzas ajenas a las decisiones, tanto en las acusaciones como en las defensas.

Los cambios irracionales en la línea jurisprudencial, de producirse, no solo vulneran el derecho a la amparo o tutela judicial efectivo, sino que infringen directamente el derecho a ser juzgado por los jueces idóneos. Se atenta contra la garantía constitucional siempre que se modifica la competencia o la composición del órgano jurisdiccional, tanto por norma con fuerza de ley como por actos del Ejecutivo o de los órganos rectores del Poder Judicial, a fin de sustraer un litigio del conocimiento del Tribunal al que naturalmente le correspondería.

En las políticas gubernamentales, a través de anuncios de medidas de política económica, cambiaria y fiscal, y el establecimiento de reglas institucionales, enviar claras señales de cambio de las expectativas y manejo institucional, que favorezcan tanto el entorno nacional como la percepción internacional de los mercados y los inversores sobre el cambio favorable y de oportunidades de inversión en Venezuela, pudieran estar en los siguientes planes de acción: 1) Resarcimiento de las invasiones y confiscaciones a la propiedad privada, dando el Ejecutivo garantías para la restitución de los derechos de los afectados; 2) Prioridad alimentaria impulsada por aquellos factores productivos más competitivos; 3) Sostenimiento permanente al Diálogo Nacional con los empresarios para crear las condiciones para el aumento de la inversión y la producción; 4) Levantamiento progresivo de los controles de precios y de convertibilidad de las divisas; 5) Impulso decidido a la construcción de viviendas e infraestructura con la participación activa del sector privado nacional; 6) Reducción y simplificación en los tiempos de tramitaciones y permisología; 7) Creación de Troika entre el gobierno, los trabajadores y empresarios para reformular el sistema integral de seguridad social.

Seguridad de personas y bienes

Lamentablemente algunos países de la región como el nuestro se mantienen muy rezagados en ese sentido: sin ánimos de entrar en análisis criminalístico del porqué en los últimos lustros se ha deteriorado la preservación de la integridad personal y de los bienes, lo que es un hecho innegable que hay fallas estructurales en materias de políticas públicas y en la debida administración de justicia. En lo personal en los últimos años he sido víctima de tres robos con armas de fuego y el último, hace menos de un mes, por alguna situación milagrosa no se convirtió también en plagio, ello por no hablar de familiares y amigos que han sido víctimas – en algunos casos fatales – del hampa. La inseguridad ha afectado a millones de venezolanos y ello no escapa de la formación de expectativas racionales de los agentes económicos -la gran mayoría de estos “agentes” somos nosotros- y lógicamente estas noticias traspasan las fronteras y erosionan la atracción de nuevos capitales y espantan a los talentos nacionales.

Por lo ya citado, existe un claro deterioro de las expectativas racionales, dado por muchos motivos, sin dejar de reconocer que se han hecho en las últimas semanas algunos tímidos anuncios en materia económica de los cuales pocos se han concretado. Cuando los agentes económicos consideran que las cosas no marchan bien, dichos agentes comienzan a descontar anticipadamente los efectos previsibles de un fracaso en el programa y por consiguiente, las formación de las expectativas y sus esfuerzo se centraría más hacia fuera de nuestras fronteras.

Es necesario revertir esos aspectos negativos y formular políticas económicas racionales e inclusivas de los agentes productivos, ello beneficia con mayor eficacia a los sectores más vulnerables.

Se deben fortalecer las finanzas públicas cuyas erogaciones posean el mayor coeficiente de austeridad y fomentar la atracción de inversiones igual que nuestros países vecinos. Ello repercute en más desarrollo, menor corrupción, preservación del patrimonio público, empresas eficientes, obras de infraestructuras de alta conectividad, un sistema de salud digno, educación productivo-humanista, y protección de la ecología y del medio ambiente.