Dicha legislación ya fue oficializada al publicarse en la Gaceta Extraordinaria N° 6.076 de fecha 7 de mayo de 2012.

Sin embargo, las disposiciones de la nueva Ley Orgánica del Trabajo tendrán un impacto más sensible principalmente en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y en sus trabajadores.

Una serie de aspectos como la reducción de la jornada laboral semanal, la retroactividad y otros agregados relacionados con la concepción en el núcleo familiar, que al propio tiempo no fueron concertados con las empresas, tendrán un efecto negativo en su situación financiera.

Profundizando en estos aspectos y otros como la ampliación de las prescripciones de las causas laborales, el aumento de los días de vacaciones, el bono de fin de año, la ampliación de la protección de la maternidad, la paternidad y la familia con mayor número de días de permiso, la inamovilidad casi permanente, la vuelta de la retroactividad de las prestaciones sociales, se demuestra que los costos laborales pasan a elevarse más, restando así mayor competitividad a la mano de obra venezolana, lo que afecta la la producción de bienes y servicios.

En tal sentido, ya con las reformas anteriores de la LOT de 1990 y 1997, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Lopna) y la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores (Lpat), se habían efectuado estudios donde confluían dos investigaciones, una realizada por el Banco Mundial y la otra por un grupo del BID y de la Universidad de Chicago. De estos estudios se desprende que al considerar la muestra de 104 países, Venezuela queda en el puesto Nº 5 como el país que tiene las legislaciones de empleo más restrictivas, y además ocupó el puesto Nº 13 como país donde es difícil crear empleo.

Entre 23 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Oecd) y 18 naciones latinoamericanas, Venezuela resultó ser el país donde la regulación asociada a la seguridad laboral produce el costo más alto en términos relativos.

Con el nuevo instrumento legal, esta tendencia se agudizará en detrimento del mercado de empleo.

La reforma actual de la LOT también tendrá un impacto sin precedentes en el sector gubernamental: incrementará el gasto público y los requerimientos de transferencias presupuestarias a las empresas del Estado, lo que agravará los desequilibrios fiscales y hará menos sostenible el cumplimiento oportuno de los pasivos laborales.

Indudablemente, la nueva legislación hará sentir su impacto sobre las finanzas públicas, al tomar en cuenta la importancia del Estado como empleador y el nivel acumulado de los pasivos laborales en el sector público, el cual ha crecido cerca de 400% en los últimos 10 años.

Tal reforma debería haberse orientado a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, flexibilizándolo y estimulando los puestos estables y de calidad.

Esto supone reducir sus rigideces y fomentar el desarrollo del capital humano.

Sin embargo, esta ley propicia lo opuesto a los propósitos generales de mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los trabajadores venezolanos.

Una de las consecuencias económicas de esta nueva norma laboral en el mediano plazo será la disminución de los incentivos a la inversión en proyectos que requieren de manera intensiva mano de obra, especialmente la cualificada, que es la que tiende a permanecer más tiempo en las organizaciones.

Los factores antes mencionados generan mayor rigidez en las épocas en las que las empresas se encuentran en situaciones estacionales de no generación de valor, por lo cual se limita la capacidad de adecuarse con más holgura a los vaivenes de la economía.

A esto hay que sumarle el carácter punitivo que contempla la LOT contra los directores y los propietarios de las empresas, siendo también discriminatoria hacia el sector privado.

El proyecto de reforma de la ley se traía a colación especialmente en las coyunturas electorales, y cuando se retomó fue sin el concurso de todos los protagonistas y a espaldas de la Asamblea Nacional, lugar natural donde debió haberse sancionado.

Queda en evidencia que no se midió el impacto económico y financiero de la referida ley para el erario público, que con onerosas emisiones de deuda tiene cómo paliar la situación, cosa muy distinta para las organizaciones de carácter privado, cuyo margen de apalancamiento es significativamente menor, como tampoco se dio a conocer si se hizo el ejercicio de comparar la LOT con otras legislaciones laborales de avanzada en la región que han transitado un camino tortuoso y hoy día gracias a los consensos sociales han logrado que un gran acuerdo laboral beneficie a todos.

Tenemos que mantener presente que cada vez deberíamos vivir más interconectados con las naciones del mundo y de manera especial con nuestros pares andinos, caribeños y del resto de América Latina, donde la continua cualificación basada en la educación para el trabajo es la piedra angular de la superación.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) vienen calibrando la conciliación permanente de los intereses de estas dos instancias en una armonización del mercado de trabajo que propenda a la dignificación y especialización de todos los actores en un marco de respeto a las condiciones laborales, del medio ambiente, generando así mejores condiciones para las nuevas generaciones.

Venezuela no puede estar ajena a esa tendencia de justicia global.