Un cartel con un semáforo advierte a los consumidores venezolanos si están entrando a un comercio que respeta la ley de precios del presidente Hugo Chávez, un nuevo esfuerzo en lucha del Gobierno contra la inflación en el camino hacia las elecciones de octubre.

El código «rojo, amarillo o verde» avisa al público si el producto tiene su precio regulado como ordena la norma o no, con lo que se arriesga a recibir multas, cierres temporales e incluso una eventual nacionalización de las casas productoras de los artículos.

La entrada en vigencia de la ley fue seguida por una desaceleración de los precios minoristas, que en marzo anotaron su cuarto mes consecutivo de bajas, para cerrar el primer trimestre en un mínimo del 3,5 por ciento, la lectura más baja desde que se estrenó el nuevo indicador de inflación hace cuatro años.

Pero la mayoría de los analistas cree que la expansión del gasto público en un año electoral, unido a las profundas distorsiones que experimenta una economía bajo controles de precios y de cambio desde el 2003 y altamente dependiente de las importaciones, acabarán por desbordar los precios.

«Lo que se está generando es un represamiento de inflación. Realmente no se están atacando las causas que generan inflación, al contrario, se están agravando muchas de ellas», dijo el economista Pedro Palma, de la firma local Ecoanalítica.

Pero Chávez, quien ha nacionalizado vastos sectores de la economía, insiste en que la especulación, el acaparamiento y los ataques políticos de la empresa privada son las causas reales de la inflamación de los precios y asegura que irá más allá para continuar reglamentando los anaqueles.

«Vamos a seguir pasando revista por la ropa, los vehículos, los alimentos en primer lugar, los medicamentos», prometió Chávez. «Todo (para llevar) a cero la especulación, que es uno de los factores que aquí más influye en la inflación».

«Y por supuesto que seguiremos. Esto apenas es la primera etapa», dijo recientemente el mandatario, quien pese al cáncer que padece buscará su reelección en octubre en los comicios más difíciles y costosos desde que llegó al poder hace 13 años.

Aunque la lucha de Chávez contra el cáncer ha dominado hasta ahora la campaña presidencial, el electorado tiene bajo la lupa al Ejecutivo, exigiéndole soluciones a problemas persistentes como la inflación, la violencia, la falta de vivienda y las fallas en los servicios públicos.

CALENTANDO LA ECONOMIA

El Gobierno tiene una meta inflacionaria de entre 22-25 por ciento para el 2012, aunque el mercado espera que esté más cerca del 27,2 por ciento del 2011, cuando el país cerró con una de las tasas de inflación más altas del planeta.

«Es una tremenda paradoja. Después de Cuba, Venezuela es la economía con la mayor cantidad de controles del continente y aún así tiene una tasa de inflación que es cuatro, cinco veces por encima del promedio del continente (de 6-7 por ciento)», dijo José Manuel Puentes, de la escuela de negocios IESA en Caracas.

Chávez ya dejó ver que gran parte de su estrategia electoral estará montada sobre una masiva transferencia de liquidez a los bolsillos de los venezolanos a través de los múltiples programas sociales oficiales, y se espera que los recursos caigan a chorro en la economía a partir del segundo trimestre.

El Gobierno destinará en 2011-2012 unos 26.000 millones de dólares para una nueva oleada de «misiones», que cubren desde la entrega de viviendas y becas en efectivo para formación laboral hasta la entrega directa de recursos a familias de bajos recursos.

Venezuela también aumentó en un 45 por ciento el gasto presupuestario para este año y subió un 30 por ciento el salario mínimo, medida que se hará efectiva en mayo y septiembre. A esto se le sumarán otros desembolsos financiados con endeudamiento público, luego de que el mandatario removiera el techo a la emisión de deuda vía decreto.

El año pasado el país petrolero emitió deuda por un monto récord en Latinoamérica de más de 17.000 millones de dólares para financiar gasto en proyectos de vivienda, compra de alimentos y medicinas y también para destinar recursos a importaciones de bienes no esenciales a través de un tipo de cambio secundario administrado por el Banco Central.

Analistas esperan que este año se coloquen al menos 15.000 millones de dólares en el mercado internacional para los mismos fines.

Los empresarios critican al Gobierno socialista por intentar dominar la economía por decreto con medidas como el control de precios, que impactan en la productividad y agrandan la dependencia del país a los bienes importados, además de agregar una nueva regulación a la maraña ya existente.

«Algunos productores prácticamente tienen que trabajar a pérdida, otros (…) van a tener recortes significativos en sus presupuestos publicitarios y por lo tanto vamos a ver menores segmentaciones», dijo Moisés Bittán, presidente de la Comisión de Finanzas de Fedecámaras, el mayor gremio privado del país.

La nueva ley coloca una banda de precios a bienes de tamaño similar sin considerar marca o calidad. Entró en vigencia a fines del 2011, congelando y luego bajando el precio de 19 productos en 204 presentaciones y se está aplicando de manera escalonada comenzando por el agua y los productos de higiene y cuidado personal.

Quienes apoyan la medida consideran que, para asegurar su éxito, las autoridades deben mantener la fiscalización regular de los comercios para sancionar a los infractores y estimular la denuncia cuando se sospeche de prácticas ilícitas.

«El Gobierno debe extremar los controles y estar alerta a nuevas acciones de corte económico ejecutadas por razones políticas, esta vez en el marco de la contienda electoral», consideró el analista económico José Piña.

El masivo ingreso de recursos podría sobrecalentar una economía muy propensa al consumo y con un deteriorado tejido empresarial, lo que según expertos amenazaría con generar impopulares brotes de desabastecimiento como ha sucedido en otras oportunidades.