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Publicado Por El Mundo
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es un ente de cooperación internacional, compuesto por 34 Estados -de los más desarrollados del mundo-, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales.
Su órgano de gobierno es el Consejo, que se compone de los representantes de sus miembros, guía el trabajo de los Comités y decide sobre el presupuesto. Entre sus numerosos Comités destacan varios de ellos, uno de los tantos es el Comité de Comercio. La Secretaría, por su parte, cuenta con una Dirección de Comercio para llevar a cabo los trabajos en dicho ámbito.
La organización mide la productividad y los flujos globales del comercio e inversión; analiza y compara datos para predecir las tendencias futuras; fija estándares internacionales dentro de un amplio rango, desde la agricultura y los impuestos hasta la seguridad en productos químicos.
Compara qué tan diferentes son los sistemas escolares en los países y cómo están preparando a sus jóvenes para la vida moderna, y observa los sistemas de pensiones y cómo se ocuparán de sus ciudadanos mayores.
El hilo en común de los trabajos de la Ocde es el compartir un compromiso con la economía del mercado impulsada por las instituciones democráticas centradas en el bienestar de los ciudadanos.
La Ocde publica investigaciones y estadísticas sobre numerosos negocios y temas económicos internacionales, así como instrumentos acordados internacionalmente, decisiones y recomendaciones para promover reglas de gobernanza en áreas en que es preciso el acuerdo internacional para que los países puedan progresar en una economía globalizada.
Los países miembros han acordado que las interrelaciones mundiales entre el desarrollo económico, la liberalización comercial, los avances tecnológicos, el crecimiento en el nivel de empleo, la protección ambiental y la cohesión social exigen el diseño de una estrategia de desarrollo global, comprometiéndose a mantener un crecimiento no inflacionario a través de políticas macroeconómicas y reformas estructurales; luchar contra el desempleo como prioridad máxima; contribuir a la expansión continua del comercio internacional y la inversión; cooperar en política cambiaria para promover una mayor estabilidad en los mercados financieros; mejorar las habilidades para ajustarse y competir en una economía mundial globalizada; crear condiciones en las cuales las pequeñas y medianas empresas puedan florecer; y por último promover una supervisión adecuada de las instituciones financieras bancarias y no bancarias y mayor transparencia en los mercados financieros.
La región debe aprovechar esta oportunidad para diseñar e implementar mejores políticas de desarrollo económico y social, con cambios estructurales, crecimiento e inclusión social.
Los gobiernos de la región deben reducir las desigualdades en las oportunidades, mejorar el acceso a los servicios públicos y a las oportunidades, y promover la diversificación de economías frecuentemente dependientes de la exportación de unos pocos productos primarios como es el caso de Venezuela, cuyos ingresos externos, lamentablemente, son generados casi en su totalidad producto de erradas políticas económicas de corte rentista.
Los gobiernos de la región han identificado tres áreas fundamentales en las que se deben invertir recursos adicionales: educación, infraestructura e innovación y desarrollo productivo.