Suelen representar unidades económicas pequeñas o unipersonales que no tienen fácil acceso al sistema crediticio tradicional por no contar con garantías prendarias suficientes para la obtención de crédito de otra naturaleza.

Las microfinanzas permiten mejorar la productividad y la capacidad financiera de estas empresas, canalizando el ahorro y los recursos destinados por diversos entes públicos y privados que orientan algunos dineros para esta actividad; el éxito de estos emprendedores impulsa el bienestar social.

En el caso de Venezuela, las regulaciones al mercado financiero han incidido en el sector de las microfinanzas, haciendo que el desarrollo de los bancos en esta área sea menor que en otros países como Perú, Bolivia o Ecuador.

Contamos con pocas instituciones con operaciones de microcréditos en el país, indicando que hacen falta instancias públicas y especialmente privadas que permitan promover este tipo de créditos para el sector empresarial.

El marco regulatorio en Venezuela no favorece el impulso de más bancos para microfinanzas o entes de empréstito comunal; la administración del sistema de microcrédito pudiera ser costosa, con el agravante de que la falta de políticas públicas adecuadas no incentiva la referida actividad, por lo tanto el sector de la banca en general maneja una cartera pequeña para el microcrédito.

Las instituciones de microfinanzas se encuentran lejos de representar una parte importante del sector financiero del país, indicando que la poca oferta y los limitados mecanismos jurídicos para el afianzamiento de estos empréstitos son la causante del bajo nivel de acceso a estos servicios financieros por parte de la población de limitados recursos y del sector de microempresas.

Si bien contamos con los esfuerzos de entes públicos como la Sociedad de Garantías Recíprocas «Sogampi», el Fondo de Desarrollo Microfinanciero «Fondemi», y el Instituto del Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria «Inapymi», que ciertamente alivian e impulsan a una parte de este sector, requerimos mayores esfuerzos con énfasis en la creación de un mayor número de entes que estimulen y administren el microcrédito en los emprendedores aún más pequeños.

En Venezuela las Pymes generan más de la mitad de los empleos y aportan un porcentaje considerable en el PIB. En su mayoría se enfocan en los sectores servicios, comercio y manufactura. Generalmente son constituidas por familias y grupos de personas con ideas emprendedoras, logrando hacer modestos aportes a la producción, pero muchas veces con ciertas limitaciones en innovación tecnológica, trayendo como consecuencia bajos niveles de competitividad para insertarse con las potenciales cadenas exportadoras, las cuales hoy en día son inexistentes. De allí que una posible reincorporación de Venezuela a la Comunidad Andina y un mayor apoyo por parte del gobierno a las Pymes puedan mejorar su desempeño, pues ampliarían los mercados y bajarían los costos medios de producción.

Las microempresas tienen su importancia, y son imprescindibles en todo proceso de desarrollo regional o nacional, por muchas razones. Entre ellas está el permitir el desarrollo de aquellas regiones deprimidas del país; ser fuente generadora de empleo y ser instrumento de capacitación de mano de obra especializada; ofrecer perspectivas para elevar el ingreso y mejorar la distribución de la riqueza; servir de elemento de apoyo como oferente de bienes y servicios; proporcionar las bases para la expansión acelerada y equilibrada de las grandes empresas, las cuales son también pilares fundamentales de las Pymes como demandantes de su oferta y agentes de apoyo financiero a su giro económico.

La microempresa necesita no solo del apoyo financiero, sino que debe complementarse con la asesoría en materia de gestión, organización y administración, para su conformación exitosa, y del apoyo comercial y técnico para su desarrollo.

Se encuentran experiencias exitosas en materia de microfinanzas fuera de nuestras fronteras, como el Banco Grameen, fundado por Muhammad Yanus en Bangladesh, cuya experiencia se ha reproducido en múltiples países; o BancoSol, en Bolivia, así como diversas cajas de ahorro en el Perú; en el caso de Colombia también existen múltiples organizaciones dedicadas a esta actividad agrupadas en Asomicrofinanzas. En Venezuela, las experiencias de microfinanzas relevantes se centran con la creación del Banco del Pueblo y Banco de la Mujer, así como otros entes privados como Bangente, Bancrecer, Microfin, Mibanco, que han hecho una buena labor en pro del microfinanciamiento.

Igualmente, debe considerarse a la actividad microfinanciera como otro brazo ejecutor de la Responsabilidad Social Empresarial, con enfoque estratégico para integrar criterios ambientales y sociales en la gestión empresarial, junto con los preexistentes criterios económicos, permitiendo detectar y aprovechar nuevas oportunidades e identificar riesgos.

La banca universal también podría impulsar esta importantísima actividad y estaría en la mejor disposición de hacerlo, pues podría adaptar sus recursos técnicos para gestionar esta actividad como una unidad específica en la medida en que se cuente con la voluntad del Poder Legislativo, que pueda generar el marco jurídico para hacerlo; las asignaciones obligatorias o «gavetas», como se han subsidiado otros sectores, poco podrían ayudar estructuralmente al respecto.

La confianza en los pequeños agentes económicos privados emergentes es, en resumidas cuentas, el valor sobre el cual se cimenta toda la actividad de las microfinanzas. Confianza en que somos capaces de generar mayor prosperidad social.