Hasta la década de los años 90 Venezuela logró captar ingentes inversiones extranjeras directas, empero esa tendencia cambió.

En Venezuela, el marco legal que regula las inversiones extranjeras se compone de varias fuentes: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Decreto-Ley de Promoción y Protección de Inversiones, los distintos tratados internacionales para promover y proteger las inversiones ratificados por Venezuela, y otras leyes internas entre las cuales cabe mencionar la Ley del Banco Central de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Promoción de la Inversión Privada bajo el Régimen de Concesiones, la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos y la Ley del Sector Eléctrico, entre otras. El órgano contralor principal de estas es la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (Siex) que es el ente oficial responsable de la supervisión y control de la inversión extranjera y temas conexos.

Hasta la década de los años 90 Venezuela logró captar ingentes inversiones extranjeras directas, empero esa tendencia cambió y fue atizada por el control cambios implementado a partir del año 2003 lo que ralentizó la internacionalización de nuestra economía y la hizo discrecional.

En Venezuela, el proceso de mejora del clima y atracción de inversiones no se ha desarrollado como sí se ha hecho en otros países. De acuerdo al informe de la Cepal de la Inversión Extranjera Directa en América Latina del año 2013 revela que Venezuela recibió en los primeros tres trimestres del pasado año capitales por 3,6 millardos de dólares, pero alrededor de la mitad de esos recursos correspondió a la reinversión de utilidades imposibilitadas de ser repatriadas y el resto a préstamos entre compañías, lo que califica la inversión extranjera directa para el país como pobre, considerando el tamaño de nuestra economía y el papel que desempeñan las empresas extranjeras en el sector del petróleo, la cual recibió algo más de la mitad del total de dicha inversión. A pesar de ello, la producción en el sector de hidrocarburos disminuyó ligeramente el año pasado y sigue siendo una cuarta parte inferior a la de hace quince años.

Se destaca que las empresas que operan en Venezuela han venido sufriendo en los últimos años profundas restricciones en el acceso a las divisas y la cooperación de sus pares extranjeras las cuales se agudizaron aún más a finales del año 2013 y este primer semestre de 2014. La fabricación de automóviles casi se detuvo y las aerolíneas restringieron significativamente sus actividades en el país. Las limitaciones relativas a la repatriación de ganancias impulsaron ficticiamente las inversiones en el sector inmobiliario especialmente en el nicho de inmuebles corporativos de alta gama. Analistas coinciden en que los controles de precios, de cambio, el temor a las expropiaciones, leyes laborales rígidas y un clima político errático han hecho que nuestro país sea de poco interés para los inversionistas foráneos, tomando como alternativa para invertir en otros países de la región a Perú, Colombia, Chile, Brasil o el mismo Ecuador.

La decisión de realizar una inversión internacional, comienza por evaluar la rentabilidad del negocio a invertir y las posibilidades de repatriar los beneficios del mismo así como los riesgos políticos asociados a buenas prácticas que propendan a la estabilidad económica. Otro de los aspectos a analizar para adoptar la decisión de invertir en un país específico es la carga de los distintos tributos sobre su giro comercial, tanto en tributos directos como indirectos, incluyendo los parafiscales y regionales.

Muy recientemente en la cercana Cuba se promulgó la Ley de la Inversión Extranjera N° 118, con el objetivo de tratar de captar más de 2 mil 500 millones de dólares al año e impulsar su economía. A pesar de no ser un cambio esencial en el sistema económico centralizado, esta novísima ley, constituye un paso más dentro del proceso de reformas que viene desarrollándose en Cuba. Es un cambio de paradigma, ofreciendo dicha ley ventajas a los inversionistas procurando al propio tiempo la necesidad de Cuba en recibir capital extranjero para enfrentar su insuficiencia crónica de capital.

Con la promulgación de esa Ley, en Cuba, algunos de los retos a enfrentar son: alcanzar un grado de credibilidad y una aceptación de las condiciones que le aseguren un nivel de inversión extranjera significativamente mayor. Propiciar un ambiente en el que convivan la forma de propiedad mixta con las diferentes y ventajosas oportunidades para la inversión extranjera; Y cumplir puntualmente con sus compromisos financieros con la comunidad internacional.

Se espera que los beneficios que generen estas inversiones en Cuba percolen para mejorar los servicios públicos y la gestión estatal, y que contribuyan como un paso más en la difícil hoja de ruta a la liberalización económica.

Todos los estados progresistas, y en especial, muchos de los estados de nuestros países latinoamericanos, consideran imprescindibles las inversiones extranjeras en sus respectivos países, que ha sido durante los últimas décadas uno de los motores del crecimiento económico global, generando empleos productivos duraderos y de calidad, transferencias tecnológicas y diversificando la actividad económica local. Por lo tanto han aplicado consistentemente políticas dirigidas a la mejora del clima de inversiones, así como a la atracción de talentos foráneos, gracias a lo cual han alcanzado importantes mejoras en sus índices de crecimiento económico y social.

La mejora del perfil de nuestras instituciones y el incremento de la inversión extranjera en Venezuela es insoslayable si se quiere incidir en el crecimiento sostenido de nuestro PIB, lo que significa tomar en consideración un marcado viraje que potencie una serie de variables socioeconómicas para pasar de tener un exiguo desempeño parroquial y uno competitivo y de carácter universal.