Lo que está ocurriendo actualmente en el país, con relación a las aduanas, es un problema sistémico. No solo se trata de que el problema de los retrasos es por Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), ya que esta empresa puede ejecutar una acción y de igual manera los retrasos no se resuelven.

El problema que tenemos con el Sistema Aduanero Automatizado (Sidunea), que colapsa varias veces, es que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) tomó una decisión al separar los servidores de La Guaira y Catia la Mar, y eso ha mejorado la estabilidad del sistema, pero esa acción no mejora los tiempos, ya que el problema es sistémico.

Lo que ocurre con el retraso en los puertos es que intervienen muchos actores: se hacen reuniones y aún se siguen acumulando días, esta situación no se resuelve de un día para otro. Tampoco se resuelve con operativos, se podrían tomar acciones, pero realmente éste es un problema estructural el cual agrava el desabastecimiento.

Esta situación afecta a todos los venezolanos, puesto que el tiempo que la mercancía pasa en los puertos tiene un costo que pagamos todos. Por otra parte, el mapa logístico en el país se ha complicado de tal manera que las responsabilidades caen en todos los actores, tanto del sector público como del privado. Esta complicación conlleva a que los tiempos en los puertos y aeropuertos se han ido incrementando, hasta el punto en que el promedio de tiempo que pasa una mercancía en el proceso está entre 15 y 20 días, pero también lleva hasta más de dos meses.

La capacidad de los puertos también se han visto rebasada, y como ejemplo, está el caso del puerto de Puerto Cabello, éste tiene una capacidad para recibir 46 mil contenedores y actualmente está recibiendo 56 mil, lo que significa que está operando con 21% por encima de su capacidad. En el caso de los buques graneleros, se tardan entre 8 y 10 días, por el pesaje. Entonces, el puerto necesita al menos 10 básculas pero tiene solo 5. Cuando se tiene muchas cargas, eso congestiona de alguna manera el puerto, porque ese barco ocupa un espacio y eso va sumando días. Ante esta situación, existe la capacidad de hacer estudios previos que indique a las autoridades la cantidad necesaria de equipos. Todavía a estas alturas existe mucha improvisación.

En el caso del Seniat, en el país hay un sistema de aduanas automatizado que pareciera no ser suficiente, para el número de transacciones que se hacen y que, además, ha tenido inestabilidades, por la propia infraestructura del país, lo que también hace que vayan sumando los días. Además, la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) que quiere inspeccionar 100% de las cargas dentro del puerto y este organismo no tiene suficiente personal para verificarlas. También el Resguardo Aduanero, el Comando Antidrogas, el Instituto Nacional de Salud Agrícola (Insai) que igualmente hacen inspecciones. En definitiva, contamos con tantas autoridades gubernamentales que realizan inspección, y cada una tiene un procedimiento distinto y que hacen separadamente su trabajo, que fácilmente se van unos 16 días solamente de inspección dentro de los puertos.

También existe un déficit de oferta en el transporte de carga que además ya muestra signos de obsolescencia, puesto que antes una gandola hacía dos viajes diarios a Puerto Cabello y Valencia, ahora hace dos viajes a la semana y pueden pasar entre seis y ocho días para despachar la carga. A esto le sumamos la infraestructura vial y la inseguridad. Cada hora que tarda ese transportista lo cobra. Todo va sumando y esto es inaceptable en un país que tiene un sistema aduanero automatizado, lo que se traduce en el encarecimiento del producto. Un solo organismo es suficiente para regular, revisar y haga los procesos de manera simultánea al de todos los otros organismos y dentro del recinto portuario. Otro problema es la corrupción.

Uno de los graves problemas que se está presentando en las aduanas es la gran cantidad de contenedores con mercancías abandonadas. Según declaraciones de organismos gubernamentales se han detectado más de 12.500 contenedores en estado de abandono legal y más de 23.000 cargas sueltas. En el caso de Puerto Cabello, pasan los 6.600 contenedores, de los cuales se ha determinado que 59% son del Gobierno Nacional, es decir, unos 3.900 contenedores, a pesar que varios funcionarios públicos siguen desacreditando al sector privado (transportista e importadores), sin querer asumir su responsabilidad respecto del gran número de contenedores con mercancía en estado de abandono. Las autoridades no han tomado previsiones, puesto que la Ley establece 10 días para declarar en abandono legal este tipo de productos y ordenar su distribución.

En febrero de 2008 el Artículo 67 de la Ley Orgánica de Aduanas fue modificado para revisar el sistema de remate y adjudicación de mercancías, y se creó la “Comisión Presidencial para la Disposición Final de los Bienes Legalmente Abandonados”, que decide de acuerdo al interés nacional y la naturaleza de las mismas, si tales mercancías serían objeto de remate o son adjudicadas directamente al Ejecutivo Nacional, o simplemente destruirlas. Por la falta de la Comisión Presidencial, no se procedió de manera inmediata en: 1) autorizar la nacionalización de la mercancía respecto de la cual los importadores privados han manifestado su voluntad; 2) autorizar el remate de las mercancías; 3) adjudicar al estado las mercancías; y, 4) autorizar la destrucción de las mercancías perecederas deterioradas por diversas causas.

En definitiva, requerimos sistemas más eficaces para evitar estas situaciones, para que no se sigan perdiendo alimentos perecederos y bienes de toda índole.