La llamada iniciativa de Ley SOPA, denominada así por sus siglas en Inglés (“Stop Online Piracy Act” ó Parar los Actos de Piratería en Línea) y congelada momentáneamente por su promotor el congresista estadounidense Lamar Smith, es un proyecto legislativo que incumbe directamente a organizaciones y empresas de Estados Unidos . Esta ley – según algunos críticos – establecería el uso (en EEUU) de un mecanismo de censura sobre Internet similar al que se utiliza en China, Irán o Siria y que censura los blogs y portales web a potestad del gobierno.

Sus defensores afirman que la Ley busca proteger el mercado de la propiedad intelectual y su correspondiente industria, trabajos e ingresos, y que es necesaria para reforzar la aplicación de las leyes de derechos de autor, en particular contra los sitios web extranjeros. El objetivo sería perseguir la piratería en línea combatiendo aquellas prácticas sociales que ellos consideran ilícitas: intercambiar música, compartir películas, vídeos y demás contenidos protegidos por el derecho de autor e intelectual, lo que implicaría que las autoridades estadounidenses podrían congelar los ingresos y la publicidad en sitios web, obligar a las herramientas de búsqueda a desaparecer estas páginas web de sus resultados e incluso solicitar a los proveedores de Internet que bloqueen el acceso a tales dominios.

Esta ley ha sido impulsada por la Asociación Cinematográfica Estadounidense, la Asociación de la Industria Discográfica Estadounidense y la Asociación de Industrias Farmacéuticas Estadounidense, junto con algunos legisladores como una solución a la piratería de contenidos a través de Internet.

Quienes se oponen, que no son pocos, argumentan que la ley infringe los derechos de la primera enmienda constitucional, que es censura en Internet, que lesionará los desarrollos futuros en la Internet y será una amenaza para la denuncia de irregularidades y otras muestras de libertad de expresión. Incluso la Casa Blanca manifestó su temor a que la SOPA pueda vulnerar las garantías jurídicas de las compañías que operan en Internet, así como la libertad de expresión. La Casa Blanca se opuso a la medida por considerar que ésta podría suscitar demandas contra empresas cibernéticas y perjudicar a negocios legítimos, además de vulnerar en algunos casos el derecho a la libertad de expresión.

Pese a que se trata de una legislación estadounidense contra la piratería online, de retomarse su debate y aprobarse, tendría evidentemente efectos en el resto del mundo, toda vez que Internet es una red globalizada; por lo que también toca a nuestro país, afectaría directamente la privacidad de Internet, el acceso a páginas y, no sólo en el presente, sino en la innovación de tecnologías hacia el futuro.

Grandes organizaciones de internet como Google, Facebook, Twitter, LinkedIn,  Wikipedia ya se han mostrado en contra. Las grandes compañías de tecnología ubicadas Silicon Valley, California aseguraron en una carta que la Ley SOPA invade la privacidad de los usuarios y supone un grave riesgo para el desarrollo de la innovación y de la creación de empleo, así como para la seguridad cibernética del mismo EEUU.

Según expertos, la legislación ha quedado atrasada en cuanto a tecnologías se refiere. Términos como piratería y copia se confunden fácilmente, haciendo que la interpretación de la ley sea sumamente delicada.

La explicación de todos los detalles la Ley SOPA resulta engorrosa, sin embargo, se puede indicar que dicha ley creará un régimen, donde el primer paso puede implicar un litigio federal para bloquear un sitio entero cuando se asuma a discreción que el mismo apoya la piratería. Los gastos por estos litigios podrían obligar a cualquier sitio sin fines de lucro o de bajo presupuesto a impugnar la eliminación. Todas las webs, nacionales o internacionales podrían no tener los recursos para encarar estos  procedimientos judiciales, incluso aunque se trate de acusaciones falsas.

El crimen se catalogaría como tal con solo tener un enlace hacia algún sitio que viole le ley, con lo cual se penalizará, no la violación de los derechos de autor, sino cualquier indicio de estar relacionados con la misma. El costo será un litigio, no una simple notificación.

Esto conllevaría que quedarían afectados millones de usuarios con libre participación en las comunidades virtuales, ya que los grandes portales y sitiales web se vean potencialmente bloqueadas debido a que cualquier usuario podría causar la violación a la Ley, provocando la autocensura de los portales y sitios web del mundo entero ya que la mayoría de las conexiones a Internet pasan de alguna forma por los Estados Unidos o residen en servidores ubicados allí.

Esta autocensura tendrá costos muy elevados para poder disponer de sistemas y personal humano que supervise y filtre continuamente lo que se esté publicando por las comunidades virtuales y/o las redes sociales, encareciendo la posibilidad de emprender en Internet, así como la suscripción a los servicios en línea. A su vez, coartará la posibilidad de intercambiar, compartir o prestar cualquier obra cultural como tradicionalmente se ha hecho en la sociedad.

El debate de esta iniciativa, retirada momentáneamente del congreso estadounidense, debería continuar de manera abierta en todo el mundo, para seguir reflexionando sobre un tema  importante y de tan alto impacto para una sociedad que ya cotidianamente utiliza y depende de la internet, buscando el  difícil, pero necesario equilibrio, entre la libertad y los derechos de terceros, como serían la propiedad intelectual o los derechos de autor.

Aunque exista un amplio consenso que los actos de piratería deben ser neutralizados, ello también requiere de leyes que vayan en consonancia con la actualización informática que adicionalmente  se tome en cuenta la opinión de todos los participantes en el escenario de Internet de tal forma que no limite la libertad de expresión y el progreso tecnológico.

@moisesbittan